Los Profesores de la Universidad de Zaragoza, Artistas, Escritores, Periodistas y
Profesionales que apoyamos este MANIFIESTO rechazamos que se utilice la crisis para
justificar estrategias políticas basadas en el recorte de los derechos sociales y laborales. La
crisis se ha generado por un crecimiento desregulado del sector financiero y la imperfección y
opacidad de los mercados. Es el mejor ejemplo de que la creación y acumulación de riqueza
sin límites no mejora la calidad de vida del conjunto de la sociedad si no se distribuye de
forma justa a través de diversos mecanismos: empleo de calidad, sistema fiscal justo y
solidario, sistema de protección social eficaz ...
Junto a las disfunciones económicas, productivas y laborales, la crisis está generando graves
efectos sociales que sufren, con especial intensidad, los sectores más frágiles de nuestra
sociedad. El actual escenario está generando rápidos cambios en nuestra realidad
socioeconómica cuyo alcance aún no somos capaces de vislumbrar ya que estarán muy
condicionados por la duración temporal y la profundidad de la actual situación económica,
por nuestra capacidad de reacción y por el tipo de estrategias que desarrollemos.
Las políticas neoliberales no son una alternativa válida para salir de la crisis, más bien son
generadoras de la misma. Numerosos colectivos políticos, sociales, académicos y sindicales
estamos proponiendo estrategias que eviten la repetición de antiguos errores, como la vuelta a
una cultura de desarrollo y consumo basada en la priorización de lo mercantil sobre lo social,
las desigualdades sociales o el recorte de derechos sociales y laborales. Urge identificar y
desarrollar soluciones progresistas que nos permitan una salida justa de la crisis en la que, tras
un profundo debate ciudadano deberemos reordenar nuestras prioridades, nuestros valores y
nuestros modelos.
Debemos aprovechar la crisis para propiciar el desarrollo del pensamiento crítico que
contribuya a la creación de un nuevo modelo de progreso, al impulso de una nueva cultura
productiva y a la definición de un nuevo saber colectivo basado en la sostenibilidad social y
medioambiental. Esta situación debe ser utilizada por los ciudadanos y por la sociedad en su
conjunto para reflexionar sobre el patrón de desarrollo sostenible que deseamos, la gestión de
lo público, el modelo social y político, la cooperación entre agentes sociales y Estado o la
regulación eficaz de los mercados, entre otras medidas, de forma que seamos capaces de
encontrar un nuevo modo más democrático, justo, global y efectivo de construir lo colectivo.
En momentos como los actuales, el papel de lo público es determinante para apoyar a las
economías e impulsar un cambio en el modelo productivo, para la generación de riqueza y
empleo sostenible y, en definitiva, para profundizar en la cohesión social y en el bienestar de
toda la ciudadanía.
Para conseguir empleo de calidad debemos trabajar las bases para la construcción de un
mercado laboral de calidad, impulsando medidas que hagan posible un nuevo modelo de
relaciones laborales que garanticen el reparto del trabajo y la igualdad de oportunidades para
todos. Igualmente precisamos de un mercado laboral que remunere adecuadamente el esfuerzo y la inversión en capital humano y de unas Administraciones Públicas que garanticen
la protección efectiva de los trabajadores, mejorando su empleabilidad y reduciendo el riesgo
de exclusión laboral.
El Gobierno español ha defraudado a los ciudadanos a los que representa. Los brutales
ajustes económicos que se están adoptando como medidas de choque para salir de la crisis
económica, son injustos socialmente, regresivos laboralmente y equivocados económicamente
porque no sólo comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de
empleo, sino también la cohesión social. Cabe afirmar que es políticamente indecente que los
trabajadores y los segmentos más débiles de la población soporten el mayor peso de la crisis y
sostengan económicamente a grupos de interés que con sus conductas irresponsables y su
errónea visión del mercado, han contribuido a generar esta situación.
El Gobierno español ha dado un giro radical en su política económica y social que ahora se
orienta de forma clara, en primer lugar, a un severo recorte del gasto público que recae
fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores y de los pensionistas; en segundo
lugar, a una reducción de la inversión pública que frenará el crecimiento económico y la
creación de empleo y que tendrá como principales víctimas a los trabajadores en paro; y en
tercer lugar, impone una reforma laboral que elimina derechos de los ciudadanos en sus
puestos de trabajo, facilita y abarata el despido y no generará empleo.
Tras una actuación irresponsable de las organizaciones empresariales, centradas
exclusivamente en obtener réditos en el abaratamiento de las condiciones de trabajo y el
debilitamiento de los trabajadores, el Gobierno ha decidido optar por una desregulación
laboral que puede continuar con otros recortes sociales y laborales.
Las líneas de actuación planteadas por el Gobierno están lejos de proporcionar soluciones
definitivas a los problemas estructurales y coyunturales de nuestro mercado laboral
La aplicación irreflexiva de viejas recetas neoliberales que quieren recuperar la economía
desde el recorte de los derechos sociales, laborales y salariales, la aplicación de medidas
socialmente injustas y nada equitativas no responde al sentir de la ciudadanía, tan solo
conduce a la degradación de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos y no
contribuirán a la recuperación económica y del empleo y a la credibilidad de la política.
En definitiva, el Gobierno ha puesto el poder del Estado al servicio de quienes exigen
“flexibilidad” en el mercado de trabajo y aún así consideran esta reforma insuficiente porque
en realidad no quieren más flexibilidad, la quieren toda. Cuando se exigen menos cotizaciones
sociales, menos coste del despido, menos tutela judicial, menos negociación colectiva, menos
regulación de la contratación, lo que se está reclamando en realidad es la absoluta
desregulación del mercado de trabajo, o la aplicación en este ámbito de las políticas
neoliberales que han fracasado estrepitosamente en los mercados financieros, que son la causa
de esta crisis, y que nos abocarían a una tercermundización laboral.
Rechazamos las políticas practicadas por los gobiernos de la Unión Europea al dictado de los
mercados financieros. Una economía que no crea empleo no sirve a los ciudadanos, y unos
gobiernos que actúan contra sus intereses, tampoco. Hay otras opciones y otras políticas. Es
necesario apostar por una Europa más social en la que las políticas sociales y económicas
dejen de estar sometidas a las fuerzas del mercado.
En este marco, las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General
de Trabajadores han adoptado la decisión de iniciar un proceso de movilizaciones, que culminará con la celebración de una Huelga General el próximo 29 de septiembre que servirá
para expresar el contundente rechazo de los trabajadores y trabajadoras de este país a las
políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores decretadas por el
Gobierno, bajo amparo y excusa de directrices europeas y para reclamar y exigir:
1.- Una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no
mediante la reducción del gasto, planificando el cumplimiento de los objetivos de déficit del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos realistas y compatibles con
la reactivación económica y la creación de empleo.
2.- La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones
de trabajo y el retorno a un escenario de diálogo que permita a los agentes sociales y al
Gobierno consensuar políticas capaces de generar empleo.
3.- La defensa de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de
trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos
alcanzados de forma unilateral.
4.- La protección del sistema público de pensiones como eje central de nuestro sistema de
protección social y su adecuación a la evolución social exclusivamente con acuerdo político y
social.
5.- La exigencia de una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de ingresos del Estado,
recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la
progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor determinación y medios el fraude
fiscal que lastra nuestra economía alcanzando tasas que prácticamente duplican la media de la
Unión Europea.
6.- La fijación del trabajo digno para todos en una posición de centralidad en la economía de
mercado. La creación de más y mejores trabajos debe ser un objetivo irrenunciable de los
poderes públicos en cuanto es fuente esencial de derechos de ciudadanía social.
7.- La creación de empleo de calidad a través de aquellas políticas que verdaderamente
pueden generarlo: educación y formación, I+D+i, potenciación de actividades emergentes de
alto valor añadido, mejora de la productividad, cambio en el patrón de crecimiento hacia
modelos respetuosos con la sostenibilidad social y medioambiental.
Los personas que suscribimos este MANIFIESTO consideramos que hoy, más que nunca, es
necesario explicitar nuestro compromiso con los temas que preocupan a la ciudadanía: la
defensa de los valores democráticos, el mantenimiento del Estado del Bienestar, la amenaza al
empleo que supone la nueva reforma laboral, los recortes sociales y, de forma especial, la
búsqueda de una salida progresista y solidaria a la crisis global.
Por todo ello entendemos y apoyamos las movilizaciones convocadas por UGT y CCOO y
animamos a la ciudadanía a participar en las mismas para conseguir que se modifiquen las
decisiones adoptadas.
Zaragoza a 29 de junio de 2010
